La JEP reveló que 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008, en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como “falsos positivos”, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de “seguridad democrática”.